El fiscal general mexicano, Jesús Murillo Karam, ofreció ayer 8 de noviembre de 2014, las declaraciones de dos detenidos que confesaron su participación en el asesinato y posterior calcinación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace mes y medio, cuyos cuerpos fueron encontrados calfinados.

En una acción que compromete al Estado mexicano y a su presidente, Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron entregados por policías locales, con vehículos oficiales, a la banda criminal Los Guerrero, organización paramilitar vinculada al narcotráfico, cuyos integrantes procedieron a quemar los cuerpos, en un basurero local, algunos incluso estando vivos.

El fiscal expresó "No tengo ninguna duda de que ahí hubo un homicidio masivo y hay indicios de que son los estudiantes", lo que no señala el alto funcionario es que se trató de una ejecución,  una masacre con fines políticos, por pensar diferente, lo cual comporta un grave delito de Lesa Humanidad, por lo que el Estado mexicano deberá responder ante su país y el mundo por un evento que ha conmocionado a la comunidad mexicana y mundial.

Créditos: La Redoma